Ha tenido que llegar la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, para descubrir que en «España existe una demanda social» que exige, como reivindicó la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, «no la modificación de la actual ley del aborto, sino la creación de una nueva ley». Por supuesto para hacerla más permisiva, más amplia, menos restrictiva…
 
Nadie sabe de dónde surge la imperiosa demanda social en un país en el que el aborto, de hecho, es libre casi en cualquier semana de gestación gracias a las ilegalidades e irregularidades de las empresas dedicadas al pingüe negocio abortista.
 
La explosión de los últimos escándalos de las clínicas abortistas -abortos por encima de los siete meses de gestación, fetos tirados a la basura, falsificación reiterada de los certificados psicológicos, trituradoras y otras barbaridades por el estilo- desvelaron la realidad totalmente permisiva del aborto en España.
 
Como se sabe, en España abortar no es un derecho, como de forma reiterada defienden las asociaciones feministas y las militantes socialistas, sino un delito, pues se pretende preservar el derecho a la vida del no nacido y sólo queda despenalizado en tres supuestos:
 
  • «Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud o física o psíquica de la embarazada»;
  • «que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que haya denuncia»,
  • y «que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 semanas de gestación».
En este sentido, el Gobierno baraja un cuarto supuesto por algo tan poco concreto y etéreo como el «conflicto personal» a imagen de lo que ya sucede en Grecia, Reino Unido o Italia.
 
El caso es que al amparo del primero de los supuestos, para preservar la salud psíquica de la madre, España ha pasado a convertirse en el paraíso abortista de Europa. Aquí se interrumpen los embarazos en cualquier semana de gestación, con un simple informe psicológico, realizado por un empleado de la propia clínica abortista que, además, por regla general trabaja a comisión: cobra más cuanto más informes positivos rubrique. Esta situación ha provocado casos de abortos que están siendo investigados judicialmente, por encima de los siete meses de embarazo y hasta en el noveno.